domingo, 13 de marzo de 2016

¿Castigan los mercados a España por la ausencia de un Gobierno?

La respuesta es sí, aunque el castigo podría ser aún peor.
El crecimiento de la economía española mantiene su vigor. El PIB podría volver a crecer un 0,8% en el primer trimestre de 2016, según las estimaciones BBVA Research teniendo en cuenta el 50% de los indicadores del trimestre, que ya están disponibles. Aunque este servicio de estudios fue el primero en estimar que la economía podría desacelerarse hasta 1,8 puntos en dos años debido a la incertidumbre política, por ahora sigue barajando que el PIB crece al mismo ritmo entre enero y marzo, sin Gobierno, que entre octubre y diciembre, con Gobierno. El dato de consumo minorista de enero que se conoció el jueves tampoco mostraba ningún síntoma de desaceleración, más bien lo contrario si se descontaba el efecto del calendario, aunque los comerciantes también hablaron del riesgo de la inestabilidad.
Con estos datos dispares surge la siguiente pregunta: ¿Está España ya siendo castigada por los mercados? ¿El temor a un contagio de la incertidumbre política en la actividad económica del que alertan los dirigentes empresariales es real o no se sustenta en cifras? Estas son las cifras que muestran que empieza a haber cierto castigo a España:
La prima de riesgo española crece más que la italiana.
El diferencial entre el bono español y el alemán en puntos básicos asciende a los 121,7 puntos básicos, 20 más que a comienzos de diciembre, cuando comenzó la campaña electoral. En cambio, la prima de riesgo italiana con respecto a la de la locomotora europea es de 106,01 puntos, frente a los 91,7 registrados en diciembre. La razón no es que Italia tenga más crecimiento que España.
De hecho, el PIB italiano creció un 0,1% en el cuarto trimestre mientras que el de España lo hizo un 0,8%. A pesar de ello, la prima de riesgo italiana ha crecido un 15% en el periodo de incertidumbre política en España mientras que la de España lo ha hecho un 20%, lo que significa que sí que está existiendo un coste mayor para la financiación del Estado en el mercado secundario, que perjudica también a la financiación de las empresas.



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