martes, 10 de noviembre de 2015

El nuevo blindado del Ejército español desata una guerra empresarial en Europa

Empresas europeas denuncian que Defensa incluyó cláusulas para beneficiar a Santa Bárbara-General Dynamics y a Iveco en el desarrollo de los vehículos blindados 8x8.
El proyecto del Ministerio de Defensa para desarrollar el prototipo de los nuevos vehículos terrestres de combate 8x8 ha levantado ampollas en el sector. Según explican a EXPANSIÓN fuentes de la industria militar, la hoja de requisitos enviada el pasado mayo por el departamento de Pedro Morenés a las empresas interesadas en el proyecto incluye una cláusula introducida explícitamente para favorecer a dos compañías: Santa Bárbara, propiedad de la estadounidense General Dynamics, y la italiana Iveco.
El concurso para diseñar el modelo de los nuevos blindados está valorado en 89,3 millones de euros, pero en el futuro podría desembocar en la fabricación de cientos de unidades por un valor cercano a los 2.000 millones.
El Ministerio envió lo que técnicamente se conoce como "Request for Information" (RFI) a Santa Bárbara, el consorcio italiano Iveco-Oto Melara, la francesa Nexter Systems, la finlandesa Patria y la alemana Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Una de estas compañías será la encargada de diseñar los próximos blindados del Ejército de Tierra, que sustituirán a los anticuados BMR, que han sufrido numerosos ataques en misiones como la de Afganistán.
El RFI, al que ha tenido acceso este periódico, especifica que el aspirante "deberá tener actividad industrial en España". Un requisito que, de las cinco empresas, sólo cumplen Santa Bárbara, con fábricas en Trubia y Sevilla, e Iveco, con planta en Valladolid. Ambas compañías presentaron sus respectivas ofertas: Santa Bárbara el vehículo Piraña 5 e Iveco el VBM Freccia. Desde Defensa recuerdan que "la adjudicación todavía no se producido y por tanto aún no se sabe cuál será la empresa escogida".
¿Por qué incluye entonces el Ministerio una exigencia que sólo podrían asumir dos de las convocadas? Las fuentes empresariales consultadas por este diario consideran que "se ha querido hacer una convocatoria sólo en apariencia, pero el objetivo ha sido poner condiciones que favorezcan a Santa Bárbara debido a presiones de la industria estadounidense".
Desde Defensa aseguran que el RFI sólo pide que la empresa adjudicataria tenga "estructura empresarial" en España, pero el documento señala concretamente la necesidad de contar con "actividad industrial".
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