miércoles, 11 de marzo de 2015

Las constructoras advierten que la liquidación de las autopistas costaría 8.000 millones al Estado

La patronal de grandes constructoras, Seopan, advierte de que la única posibilidad de que el problema de las autopistas en quiebra se resuelva sin menoscabo para las arcas públicas pasa por el éxito de la propuesta efectuada por el Gobierno de crear una sociedad 100% pública, pese a los últimos reveses judiciales, después de que el mes pasado el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid abriera la fase de liquidación de una de las ocho sociedades concesionarias en esta situación, la AP-36 Ocaña-La Roda. «El Gobierno considera que hay margen de tiempo» para que «el auto procesal no condicione la creación de la sociedad», explicó el presidente de la organización, Julián Núñez, en un encuentro con los medios de comunicación.
Seopan señala que, de lo contrario, si no se llega a un acuerdo y se produce una liquidación escalonada de las autopistas, el coste para el Erario se dispararía hasta cerca de 8.000 millones de euros, dado que el Estado debería asumir el pago de la responsabilidad patrimonial presente en los contratos por 5.700 millones de euros (según las estimaciones de los accionistas y 4.500 millones, según la del Ejecutivo) y el coste adicional de las reclamaciones en los tribunales se podría elevar hasta 2.342 millones.
Este coste comprometería los objetivos presupuestarios para 2016, al incrementar el dato de déficit público entre los 0,45 y 0,57 puntos porcentuales, además de empañar el «futuro de la actividad concesional española».
Núñez avanzó que el proyecto del Ejecutivo «sigue vivo y se sigue trabajando en él» e hizo hincapié en que para alcanzar un acuerdo resulta indispensable que la banca acreedora y el Gobierno pacten el tipo de interés de los bonos a treinta años con los que se canjeará el pasivo de las autopistas, previa quita del 50% sobre la deuda de 4.000 millones con la que cargan. Núñez subrayó que el Ejecutivo ha flexibilizado su posición, después de proponer una rentabilidad del 1% que los acreedores consideran insuficiente, y que en la actualidad propone una única solución para todos los acreedores. «Para que la operación se cierre, el tipo de interés de esta deuda debe ser superior al 1%. Sólo es posible el acuerdo si se abona un tipo de interés similar al del Tesoro», destacó.

Plan de infraestructuras

Asimismo, como mensaje en periodo electoral, Seopan planteó un plan de infraestructuras para la próxima legislatura que comprendería una inversión de 65.835 millones de euros, tanto con financiación pública como privada. La patronal de la construcción calcula que este desembolso permitiría generar 1,023 millones de puestos de trabajo entre 2016 y 2019 (256.000 a tiempo completo) y procurará un retorno fiscal para las arcas públicas de 30.716 millones de euros. Concretamente, 32.500 millones procederían de las arcas públicas, mientras que el capital privado podría movilizar hasta 33.335 millones.
«En España no está todo hecho y debemos seguir invirtiendo para no perder competitividad respecto a los países de nuestro entorno», aseveró el presidente de Seopan. «La crisis económica y los planes de consolidación fiscal han originado una drástica reducción de la inversión pública, ampliando el déficit de infraestructuras».
En cuanto a los proyectos de financiación pública, 10.650 millones se corresponderían a mejoras de conexiones ferroviarias, terminales logísticas y acceso a puertos; 15.300 millones a planes de educación y sanidad, carreteras y acceso a núcleos urbanos y, por último, 6.500 millones a la gestión y depuración de agua.
Para aminorar la carga sobre los contribuyentes de estos planes de financiación pública, Seopan ofrece tres supuestos. En el primero de ellos, la financiación se produce 100% con cargo a los Presupuestos, en el segundo los contribuyentes deberían abonar 24.750 millones, y en el tercero, 14.550. En el último de ellos, propone, además, implantar peajes en las autovías mediante un sistema de tarificación que permitiría ingresar un máximo de 6.828 millones de euros anuales.



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