lunes, 31 de marzo de 2014

Los chinos compran España

El señor Li, un multimillonario real y con nombre ficticio porque así lo ha pedido para hablar con este periódico, ha amasado su fortuna en el sector inmobiliario de China. Hace tres décadas era un don nadie, pero ahora atesora 13 millones de euros gracias al auge económico de su país y a la explosión especulativa del ladrillo que ha provocado la mayor burbuja de la historia. El precio de la vivienda en la segunda potencia mundial continúa creciendo por encima del 15% en las grandes ciudades en las que Li tiene promociones, así que está convencido de que su cuenta corriente va a continuar engordando. Pero es consciente de que la contaminada e hipercompetitiva China no es el mejor lugar para que crezcan sus dos retoños, que ahora tienen 6 y 10 años respectivamente.
Por eso, el señor Li, miembro del Partido Comunista, está buscando la mejor forma de invertir su dinero para proporcionarles un futuro fuera de su país. Y ha pensado en España. «Fui a informarme a una agencia que gestiona inversiones y visados en Hangzhou -capital de la provincia de Zhejiang-, y allí me hablaron de diferentes países». Li tenía clara su preferencia por algún miembro de la Unión Europea, y, concretamente, por alguno que pertenezca al espacio de libre tránsito Schengen. «Así que estudié las condiciones que se imponen en las nuevas leyes de España y de Portugal, y he decidido apostar por España porque creo que su sector inmobiliario tiene más futuro que el portugués».
Li quiere aprovechar las facilidades que da la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización que el Parlamento aprobó el pasado 27 de septiembre. Según la nueva norma, aquellos extranjeros que inviertan más de medio millón de euros en propiedades inmobiliarias españolas -una o varias que sumen ese importe- tienen derecho a solicitar el permiso de residencia por dos años en España -lo que les permite moverse libremente por todos los estados Schengen y trabajar en los mismos- tanto para el inversor como para su familia.
Si residen en nuestro país durante más de cinco años y mantienen el valor de la inversión inicial, el permiso de residencia puede hacerse permanente. En el futuro, sus titulares pueden incluso acceder a la nacionalidad, aunque para ello deberían renunciar a la china. «Creo que es una oportunidad muy buena, así que estoy mirando pisos en la costa mediterránea. Me gustaría comprar uno para ir en verano y otros para alquilar», cuenta Li. «Como parece que el mercado español ha tocado fondo, quizá incluso haga negocio».
Hay quienes critican que la nueva norma lo que hace, en realidad, es legalizar la compra de permisos de residencia. José Carlos García de Quevedo, director ejecutivo de Invest in Spain, órgano gubernamental del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), asegura que no es exactamente así. «Se ha flexibilizado la concesión de visados para quienes invierten en nuestro país generando empleo y contribuyendo al crecimiento económico de forma que no se dificulte el desarrollo de las inversiones. No tiene sentido que, como sucedía hasta ahora, alguien que compre una vivienda en España no pueda disfrutar de ella con facilidad».
Estudios, ocio y negocio
García de Quevedo hace hincapié en que la ley no solo va dirigida a quienes compren bienes inmobiliarios. «También se conceden los permisos de residencia a los que invierten más de un millón de euros en empresas españolas, algo muy interesante para la financiación de las pymes, o depositan más de esa suma en bancos españoles. Finalmente, pueden acceder a estos permisos quienes compren más de dos millones de euros en deuda española a medio plazo, y también emprendedores extranjeros que decidan desarrollar actividades económicas en España después de haberse formado en nuestro país, como es el caso del creador de Tuenti».
Sin duda, la nueva ley está diseñada pensando en los ciudadanos del mundo emergente, sobre todo rusos y chinos. No obstante, los agentes intermediarios chinos consultados por este periódico reconocen que el interés entre los inversores de su país se centra exclusivamente en el sector inmobiliario, y más concretamente en el de las grandes ciudades. «En nuestra agencia, que ya tiene 20 clientes con propiedades en España, hay tres tipos de inversores: los que buscan la tarjeta de residencia para que sus hijos estudien en Europa, pero no en España porque creen que sus escuelas son malas, los que quieren el visado para viajar por el continente sin problemas, y los que buscan un lugar de vacaciones, que son minoría», enumera Maggie Xu, directiva de la consultoría J. T. Vantage.
El proceso para acceder a todos estos beneficios, tal y como explicó García de Quevedo en un seminario celebrado en Shanghái hace unos días, es muy sencillo: quien quiera invertir en España puede solicitar un visado de inversor para un año. Si transcurrido ese tiempo el dinero ha llegado a España, ya sea a través del individuo o de una empresa de su propiedad, los trámites para acceder a la tarjeta de residencia son pocos y se pueden completar en el plazo de un mes. Claro que en ese proceso surge otra duda. ¿Investiga España la procedencia del dinero y que éste sea limpio?
La respuesta es que no. El solicitante solo necesita el certificado de penales de los países en los que haya residido. El propio García de Quevedo, a pesar de que asegura que no hay riesgo de que llegue a España dinero sucio, reconoce que no existen más mecanismos de control que los que establecen las propias entidades bancarias. «La inversión pasa por notario y por registro público, y la banca española, a través del servicio del SEPLAC, realiza las operaciones conforme a la normativa vigente». No obstante, teniendo en cuenta la connivencia existente en China entre los poderes político y económico -la mayoría de los bancos chinos son estatales- y el alto grado de corrupción, con el marco regulatorio actual resulta imposible certificar si el dinero invertido tiene una procedencia legal. «Quienquiera en China que tenga medio millón de euros para invertir no los ha sacado limpiamente», reconoce el señor Li entre risas.
Las autoridades españolas aseguran que las nuevas modalidades de visado están teniendo una gran acogida, pero en los primeros seis meses de vigencia de la ley se han concedido muy pocos. En la demarcación consular de Shanghái se han tramitado cuatro, de los que tres han sido aprobados en el plazo de una semana. «Es una ley nueva y estamos seguros de que su número aumentará este año. Ha sucedido en Portugal, que introdujo este tipo de legislación antes que España y ya está concediendo cientos de visados en China», explica el cónsul en la capital económica de China, Gonzalo Ortiz. De momento, lo que sí se ha disparado es el número de permisos de turismo, y las trabas con las que tenían que lidiar los viajeros chinos han desaparecido.
«A diferencia de China, España ofrece aire limpio, un entorno privilegiado, cultura, e inversiones interesantes», sentencia Li. «Además, para renovar los permisos solo hace falta estar un día en España al año. Todo son facilidades». Es evidente que la tortilla ha dado la vuelta. Ahora es España quien necesita la liquidez que sobra en China. A los inversores de allí se les pone aquí la alfombra roja, como ha demostrado el caso de la compra del Edificio España en Madrid por parte del magnate chino más rico, Wang Jianlin, que ha pagado por él un 33% menos de lo que le costó a su anterior propietario, el Banco Santander. Ahora solo falta saber si Wang también pedirá la tarjeta de residencia española. Sin duda, cumple todos los requisitos.




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España es el país de la OCDE donde más crece la desigualdad entre ricos y pobres

España es, de lejos, el país de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades económicas entre ricos y pobres con la crisis, a causa sobre todo del desempleo y de que el sistema de protección social ha dado una peor cobertura a los menos protegidos en un sistema laboral muy segmentado.
Entre 2007 y 2010 los ingresos del 10% de la población española más pobre cayeron de media anual un 14%, mientras que en ninguno de los otros Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajaron más del 10% y sólo cayeron más del 5% en México, Grecia, Irlanda, Estonia e Italia, según el informe ‘Panorama de la sociedad’ publicado hoy. En esos tres años en que los más pobres perdieron prácticamente un tercio de sus ingresos, los del 10% más rico bajaron en España un 1%, como en la media de la OCDE.
También en ese periodo, el porcentaje de variación del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad económica, se incrementó en casi un 3%, cuando en ningún otro país de la organización lo hizo en más del 1,5% (sólo Eslovaquia se acercó a esa cifra y la OCDE en su conjunto se mantuvo estable). Sobre la base de ese parámetro, España era el octavo país con mayor desigualdad de los 34 miembros, por detrás de Chile, México, Turquía, Estados Unidos, Israel, Portugal y Reino Unido.
La pobreza ascendió sobre todo entre los jóvenes
El porcentaje de población pobre (con un ingreso inferior al 50% de la media) aumentó entre 2007 y 2010 algo menos de dos puntos porcentuales -un umbral que sólo superó Turquía- hasta el 15,4 %. La pobreza ascendió sobre todo entre los jóvenes de 18 a 25 años, en concreto cinco puntos porcentuales, mientras que bajó en ocho puntos para los mayores de 65 años por la protección de las pensiones para este último colectivo.
Los autores del estudio vincularon la ampliación de la brecha social en primer lugar a la escalada del paro -España explica el 55% del aumento del desempleo de toda la eurozona entre 2007 y 2013-, pero también a que quienes más perdieron su empleo, por el tipo de contrato que tenían, ha sido el colectivo al que con más deficiencias cubría el sistema de protección social.
Herwig Immervoll, uno de los autores del informe y responsable del capítulo sobre España, ha precisado que la polarización del mercado laboral entre los contratos fijos, con más derechos a subsidios y otras ayudas, y los eventuales, es uno de los elementos explicativos, de ahí que la OCDE se haya pronunciado por un “contrato único” que ofrezca flexibilidad, pero también unas garantías mínimas de seguridad.
Una “red de seguridad” que se justifica también, para la OCDE, para evitar una marginación duradera del mercado de trabajo de ciertos colectivos, que luego sería muy costosa de corregir, pero también para impedir el deterioro de otras condiciones sanitarias o sociales.
Desafíos
Aunque las últimas reformas del mercado de trabajo “son valoradas”, hace notar que “quedan aún por afrontar enormes desafíos” teniendo en cuenta que “la debilidad y la desigualdad del mercado laboral ha tenido como consecuencia una destrucción de empleos sin precedentes en los trabajadores poco cualificados y los jóvenes”.
Así, el empleo cayó, en el periodo de referencia, en casi un tercio entre los hombres en edad de trabajar sin educación secundaria, en más de la mitad entre las mujeres jóvenes y en más del 60% entre los hombres jóvenes.
España es, detrás de Grecia, el segundo país de la OCDE donde más ha subido entre 2007 y 2012 la proporción de jóvenes de 15 a 24 años que ni tiene trabajo ni está preparándose para la vida laboral (19,6% al finalizar ese último año).
Sistema de protección mal preparado
“El sistema de protección español estaba mal preparado para enfrentar una crisis del empleo con un fuerte aumento en el paro de larga duración” y de la pobreza, puesto que “las transferencias públicas no están suficientemente bien orientadas hacia los más necesitados”, han insistido los autores del informe.
Para la organización, y puesto que “resulta altamente improbable” que la recuperación económica baste para solucionar la crisis del mercado de trabajo y la crisis social del país, “la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos”. En concreto “deben ser fortalecidas urgentemente” las prestaciones asistenciales para los desempleados de larga duración y para las familias de trabajadores pobres.
La OCDE apuesta, para financiar esas prestaciones, por acabar con el IVA reducido o nulo para muchos productos a los que se aplica con argumentos de política social, ya que esas reglas especiales cuestan mucho al fisco pero no benefician de forma selectiva a los más desfavorecidos, a los que habría que favorecer la readaptación profesional.



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El Gobierno aplaza en busca de más tiempo la reunión por las autopistas

La ministra de Fomento, Ana Pastor.
La ministra de Fomento, Ana Pastor. Bernardo Díaz

El Gobierno ha aplazado la reunión que estaba prevista para esta tarde en el Ministerio de Fomento con la gran banca y la patronal que agrupa a las principales constructoras y concesionarias, Seopan, a fin de contar con más tiempo para analizar las propuestas planteadas para las autopistas de peaje.
Según han confirmado a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, se volverá a emplazar a las partes a un nuevo encuentro aunque por el momento no se ha fijado un día concreto.
Estaba previsto que la gran banca española respondiese esta tarde a la propuesta planteada la pasada semana por el Gobierno para rescatar a las autopistas de peaje, una negociación que pasa ahora por mejorar la rentabilidad y la garantía de los bonos a 30 años que emitirá la futura empresa pública que aglutinará a estas carreteras.
Se esperaba que a la reunión acudiese la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, representantes de los seis grandes bancos BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia, Banco de Sabadell y Banco Popular, así como del presidente de Seopan, Julián Núñez.

Quita de 4.600 millones

Mientras que ya se da prácticamente por seguro que la quita aplicada a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros (en su mayoría -4.000 millones- pasivo financiero y el resto deuda comercial) no se moverá del 50 %, la postura de la banca española pasa por evitar que se produzca una nueva quita implícita en torno a la rentabilidad que devengarán los bonos a 30 años que plantea el Gobierno basándose en su esquema.
Las mismas fuentes señalan que aunque la propuesta contempla la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 % (porcentaje que podría incrementarse hasta el 4,3 % en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías), la realidad parece indicar que la rentabilidad estará por debajo de la que se paga ahora por el bono español a 30 años: 4,162 %.
Las entidades calculan que la rentabilidad de estos bonos no llegará nunca al 4,3 % teniendo en cuenta la evolución de los tráficos que han demostrado las nueve autopistas de peaje que se integrarán en la sociedad pública y que se situará en torno al 1,5 %.
Entre las propuestas que barajan se encuentra incrementar este porcentaje o flexibilizar el periodo temporal sobre el que se extenderán los bonos.
Otro de los puntos problemáticos es que los bonos no están garantizados por el Estado a fin de que no compute como deuda pública. Por ello, entre las opciones que plantea la banca está la de contar con un aval que garantice directa o indirectamente estos bonos en caso de impago.
El presidente del Santander, Emilio Botín, ya avanzó su apoyo a la iniciativa a pesar de reconocer que la quita propuesta es "muy dura", mientras que el de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha pedido una oferta "lo suficientemente clara" para que no haya riesgos adicionales al margen de la quita que se acuerde.
Desde Seopan subrayan que la quita planteada es excesiva y advierten del escaso margen de negociación.
Además recuerdan que las empresas ya han perdido el 100 % de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales.
A esto hay que añadir los 471 millones que les adeuda el Estado por obras de construcción, una cantidad que también sufrirá una quita del 50 % después de que ya se vio reducida a la mitad.














































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viernes, 28 de marzo de 2014

España es el segundo país con más pobreza infantil en Europa

España es el segundo miembro de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil superado solo por Rumanía. Bulgaria y Grecia están a continuación, según el último informe de Cáritas Europa, que habla sobre el impacto social generado por las medidas de austeridad aplicadas a los países en crisis. Jorge Nuño, secretario general de la ONG, ha denunciado durante la presentación de los resultados en Atenas que la política de la Unión Europea  "es incoherente, porque se comprometió, con la firma de la Estrategia Europa 2020, a disminuir la pobreza, crear crecimiento y aumentar la escolarización (...), pero las prioridades económicas están por delante de las sociales, de las personas". La entidad exige a los Gobiernos que antepongan los criterios sociales a los intereses económicos y que dediquen más inversión a la creación de empleo.
El estudio recoge las medidas adoptadas por la Unión Europea y las autoridades nacionales y el impacto de los ajustes, que en algunos países como Grecia, Chipre y Portugal han sido exigidos por la troika (Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional). En general, este destaca el empobrecimiento de la población que ha perdido servicios sociales y en ocasiones también el acceso a la atención médica. "Tenemos la esperanza de que la gente pueda estar en el centro de las decisiones políticas", ha explicado Nuño.
Las medidas de austeridad han fallado a la hora de solucionar los problemas"
Las conclusiones del informe contradicen el habitual discurso oficial que sugiere que lo peor de la crisis económica ya ha pasado, y sostiene que no hay evidencias de que la situación de muchas personas esté mejorando. Según Nuño, "las medidas de austeridad han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento".
Esta entidad europea define a la población española como una de las más afectadas por la crisis, pues mientras la tasa de pobreza media de los estados comunitarios fue del 25,1% en 2012,  España registró un 28,2 %, una tasa que en la población infantil llega al 29,9%, según datos de 2013 de Eurostat. De 2011 a 2012, la tasa de pobreza en este sector de población aumentó del 15,6 % al 19,4 %. Para la organización, esto demuestra el impacto extremadamente negativo de las políticas de austeridad en la vida de las personas más desprotegidas. "La gente más vulnerable es la que está pagando las consecuencias de la crisis", ha destacado Nuño.
Por personas en riesgo exclusión social se entienden las que disponen de un 60% del ingreso medio del resto de la población; las pobres poseen entre el 40 % y el 50 %; y las situadas en la miseria adquieren menos del 40 %.
El informe destaca también la alta tasa de desempleo juvenil español, en edades comprendidas entre 15 y 24 años, que se situaba en 52,9 % en julio de 2012; cifra que, según Cáritas Europa, solo ha sido superada por Grecia con 55,4 %.
Respecto a la situación actual en Grecia, Cáritas Europa considera que los derechos fundamentales están siendo violados, exigidos en su mayoría por la troika, a la que los resultados presentados por Cáritas Europa traducen como "segundo cuerpo legislativo". El estudio se centra en destacar a la vez en el gran número de personas— más de tres millones— que han perdido la cobertura sanitaria por estar más de un año en el desempleo.
El portavoz de Cáritas en Grecia ha señalado que muchas de las posturas acordadas con la troika para potenciar la competitividad a través la reducción de los salarios y las pensiones no han logrado, sin embargo, una disminución de los precios, que han aumentado debido al incremento de los impuestos. Casi la cuarta parte de los griegos se encontraba en riesgo de pobreza en 2012, lo que significa que sus ingresos eran inferiores al 60 % de la renta media nacional. Esto se traduce en que hay muchas familias en las que nadie trabaja y que no tienen, por tanto, ningún ingreso.
Acerca de Chipre, el publicado por Cáritas Europa destaca que posee la mayor tasa de pobreza entre las personas mayores de 65 años con un 29,3 %, mientras que la media europea se situó en el 14,3 % en 2012. Y en Portugal, el desempleo ha destruido la clase media, por lo que hay más de un millón de portugueses en situación de pobreza. "La pobreza se combate con empleo, ya que la pobreza genera más problemas mentales, más criminalidad y más violencia doméstica", ha afirmado el portavoz de Cáritas en Portugal, Éugenio Fonseca.



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