La Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (Aoglp) advierte de que, conforme a la fórmula de cálculo en vigor, el Gobierno debería haber elevado a 19,06 euros el precio medio de la bomba de butano, lo que supone un 18% más que los 16,1 euros en los que se sitúa tras la congelación de enero.
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En un comunicado, la asociación advierte de que la no aplicación de la orden ministerial de revisión de precios 1858/2008 provoca un déficit añadido de dos euros por cada bombona y agrava la situación del sector, que se está viendo abocado al cierre de empresas tanto entre los operadores como entre los distribuidores.
El precio del 19,06 euros, indica, no solo sería un 30% inferior al del país europeo con menor precio no regulado, sino que acabaría con un déficit acumulado en el sector superior a los 600 millones de euros, 400 millones de los cuales se han producido desde octubre de 2009.
Aoglp, que atribuye este desajuste a "políticas de precios tendentes a mantener los precios finales, ignorando los costes reales de la materia prima", reclama además que se reconozca este déficit al sector, como ya se hace con otras actividades energéticas.
El sector del butano, indica, viene sufriendo un "perjuicio económico continuo desde su liberalización en 1992", al que se suma la reciente decisión del Gobierno de congelar en enero el precio de la bombona de butano.
Esta congelación "hace imposible" repercutir los costes reales de la materia prima en el precio final, lo que "va en contra de los preceptos de libre competencia marcados por la ley, altera y condiciona la rentabilidad de todas las empresas del sector del GLP (operadoras, distribuidoras e instaladoras), y pone en riesgo su existencia y los puestos de trabajo que proporcionan".
La situación "perjudica al consumidor al poner en riesgo el mantenimiento del servicio prestado por el sector y por la consiguiente falta de competencia", señala, antes de recordar que la propia Aoglp ya presentó el año al pasado al Gobierno una propuesta de "bombona social" para los más desfavorecidos, sin recibir respuesta.
Sentencias del Supremo
La Aoglp también indica que, "en legítima defensa de sus derechos y ante una decisión de tal gravedad para el sector", se reserva "las acciones legales oportunas para revocar la decisión de congelar los precios y para conseguir dar cumplimiento a la mencionada sentencia".
La Aoglp también indica que, "en legítima defensa de sus derechos y ante una decisión de tal gravedad para el sector", se reserva "las acciones legales oportunas para revocar la decisión de congelar los precios y para conseguir dar cumplimiento a la mencionada sentencia".
La asociación, en la que participan Cepsa, Disa, Galp Energía, Primagas, Repsol y Vitogas España, entiende que la decisión del Gobierno provoca una "grave inseguridad jurídica" e "incumple frontalmente" la doctrina del Tribunal Supremo contenida en la sentencia del 19 de junio de 2012, que estimó el recurso interpuesto por la Aoglp.
Esta sentencia declaró nula la orden del Ministerio de Industria 2608/2009 al entender que la fórmula de precios establecida en la misma vulnera el ordenamiento jurídico y es contraria a la competencia, al obligar a los operadores a vender a pérdidas durante un prolongado periodo de tiempo.
Decreto de empleados del hogar
La asociación lamenta además el método seguido por el Gobierno para la congelación de precios del butano. "No es correcto ni transparente haberlo publicado en un Real Decreto Ley de mejora de gestión y de protección social de empleadas del hogar" , señala.
La asociación lamenta además el método seguido por el Gobierno para la congelación de precios del butano. "No es correcto ni transparente haberlo publicado en un Real Decreto Ley de mejora de gestión y de protección social de empleadas del hogar" , señala.
Por último, recuerda que el Gobierno ha tenido seis meses para citar al sector del gas licuado del petróleo y buscar una fórmula más apropiada, y defiende la necesidad de mantener "un diálogo abierto con la Administración, para corregir la situación y adoptar medidas guiadas por el interés de los consumidores y la defensa de la competencia".
Fuente: Diario EXPANSIÓN
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