- El TS ha avalado la reducción en un 5% de la cuantía de los aranceles
- 'No tienen excusa para demorar ni un minuto más la devolución de los importes'
- Apunta que hay cientos de miles de afectados entre diciembre de 2007 y 2012
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que una reciente resolución del Tribunal Supremo (TS) obliga a los notarios y registradores a "no demorar ni un minuto más" la devolución de más de 400 millones de euros por el cobro excesivo en las operaciones de cancelación de hipoteca a sus clientes de los últimos años.
La OCU estima que la citada resolución del Supremo, que ha fallado (octubre de 2012) a favor de una reducción de las tarifas de notarios y registradores, hace que el cobro excesivo ronde los más de 90 millones de euros al año, lo que en total arroja una cifra de más de 400 millones de euros.
"Los notarios y registradores ya no tienen excusa para demorar ni un minuto más la devolución de todos los importes indebidamente cobrados a cientos de miles de consumidores", dice la OCU en su nota, que se apoya en un escrito de la Fiscalía del TS.
La OCU anuncia que va a dirigir un escrito al Ministro de Justicia y a la propia Dirección General de Registros y Notariado para conocer qué pasos piensan dar "a partir de ahora" y añade que "espera que estos profesionales no se escuden tras nuevos recursos y estrategias dilatorias".
La organización pide que "comiencen una devolución ordenada de todas las cantidades irregularmente cobradas, al menos durante el período comprendido entre diciembre de 2007 y mayo de 2012".
El TS ya avaló la reducción en un 5% de la cuantía de los aranceles notariales y registrales como parte de las medidas aprobadas para la reducción del déficit público y que consistieron fundamentalmente en rebajar los salarios de los funcionarios públicos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS adoptó esta decisión al desestimar el recurso interpuesto por dos registradoresde la propiedad contra el real decreto, del 11 de noviembre de 2011, que imponía la citada rebaja.
El real decreto, aprobado a propuesta del exministro de Justicia Francisco Caamaño, fue elaborado a partir de las denuncias presentadas por la Organización de Consumidores y Usuarios, a causa de la inseguridad jurídica existente en esta materia.
Fuente: Diario El Mundo
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