jueves, 11 de octubre de 2012

Empleo público, una burbuja que la crisis no ha desinflado


En España nadie está a resguardo de la tormenta, pero los datos evidencian que las inclemencias no afectan a todos por igual. Mientras que el sector privado ha destruido más de 2,62 millones de puestos de trabajo desde enero de 2007, la plantilla del sector público no sólo no ha menguado sino que ha aumentado en más de 170.000 personas.
Es verdad que los trabajadores del sector público no están siendo ajenos a los zarpazos de la crisis: han visto recortado y congelado su sueldo, suprimida la paga extra de Navidad de este año, ampliada su jornada laboral, hibernada la tasa de reposición de funcionarios y sufrido las primeras dentelladas de los ajustes en sus plantillas. Pero aun así, su situación es difícilmente comparable con la sufrida por quienes trabajan en el sector privado, donde la cifra de parados registrados ha pasado de poco más de 2 millones a comienzos de 2007 a 4,7 millones en septiembre pasado.
Por el contrario, la plantilla pública dibuja una trayectoria ascendente que se ha prolongado durante toda la crisis y que aun hoy, en pleno fragor de la batalla contra el déficit público, ha seguido creciendo.
Sólo crece en las autonomías
Según datos facilitados esta semana por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la plantilla del sector público creció en 2.467 trabajadores entre los meses de enero de 2011 y enero de 2012 como consecuencia del aumento de las contrataciones en las comunidades autónomas (ficharon a casi 9.600 personas), neutralizando el efecto de las curas de adelgazamiento seguidas tanto en la Administración Central como en las haciendas locales, donde el número de trabajadores se redujo un 1,8% y un 7,7%, respectivamente.
De hecho, el personal al servicio del aparato general del Estado es hoy inferior tanto a la cifra de comienzos de 2007 como a la que exhibía hace diez años. Caso distinto es el de los ayuntamientos, donde, pese a los recortes de los últimos meses, las plantillas son aún superiores a las de hace cinco años, y sobre todo en las autonomías. Éstas no sólo concentran la mitad del personal al servicio de las administraciones públicas (alrededor de 1,34 millones de trabajadores), sino que, según afirma el Ejecutivo, éste ha continuado creciendo.
Una estructura prácticamente intacta
El resultado es una nómina de empleados públicos que, en conjunto, supera los 2,685 millones de personas, 173.000 más que en enero de 2007 y 382.000 más que hace una década. En un entorno de fuerte destrucción de empleo en el sector privado, los trabajadores públicos representan ya el 16% de los afiliados totales a la Seguridad Social.
Hace unos días, el sindicato de funcionarios advertía de que la Administración Pública es proporcionalmente el tercer sector más afectado por la destrucción de empleo, por detras de la construcción y la industria, con la pérdida de más de 220.00 afiliados a la Seguridad Social entre enero y septiembre de este año.
Esto no significa, sin embargo, que las administraciones estén despidiendo funcionarios. De hecho, empleado público y funcionario no son sinónimo, un matiz relevante. De los 2,685 millones de personas que trabajan para las administraciones, 1,65 millones son funcionarios y el millón y pico restante, sobre el que presumiblemente se concentran los ajustes, contratados laborales u otro tipo de personal.
Pese a todo, los datos del Gobierno ponen de relieve que la estructura pública de personal permanece en gran medida intacta, muy cerca de los 2,69 millones de trabajadores alcanzados en julio de 2011; una cifra a las que habría que añadir los trabajadores del entramado empresarial público y que sitúan la cifra total por encima de los tres millones de personas.
Racionalización del sector público
Estos datos ponen de manifiesto que la racionalización y redimensionamiento del sector público sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del Ejecutivo. Y es que la pregunta que se hacen los expertos es si España, cuya economía se encuentra en caída libre, puede permitirse unas estructuras de personal que absorben alrededor de una cuarta parte del gasto público total. Por ejemplo, sólo en lo que atañe al presupuesto del Estado, los gastos de personal, que en 2013 crecerán un 1,2%, representan casi un 12% del total.
El Ejecutivo anuncia desde hace meses planes para reordenar y aligerar las estructuras administrativas, pero lo cierto es que, más allá del obligado ajuste del gasto provocado por la crisis, aún queda un largo camino por recorrer, como el prometido proceso de reducción de empresas y fundaciones públicas, especialmente abundantes en el ámbito autonómico, o la delimitación de competencias municipales con el fin de evitar duplicidades.
Y es que, según los agentes económicos, lo que precisa el sector público no son recortes puntuales, sino la adecuación de sus estructuras a la nueva realidad de la economía española, que no es otra que la de unos costes insostenibles para una recaudación en declive y que difícilmente reverdecerá los laureles del pasado, cuando los ingresos derivados del sector del ladrillo engordaron las arcas públicas y dieron rienda suelta a la creación de enormes aparatos burocráticos en autonomías y ayuntamientos, estructuras que hoy son redundantes, poco eficientes e inviables económicamente.
Desde su llegada al poder, el Gobierno de Rajoy ha reiterado su propósito de ponerle el cascabel al gato del sector público, lo que implicará, como dijo a finales de junio la entonces presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, la popular Elvira Rodríguez, un adelgazamiento de las plantillas públicas. Pero eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo.


Fuente: Diario Expansión
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