Madrid, 20 jun (EFECOM).- El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que el cierre de las cuentas de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que el Gobierno ha acordado disolver, arroja unas pérdidas acumuladas de más de 45 millones de euros.
Durante su intervención en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Catalá ha señalado que el impacto real de este organismo -que se creó en 2005- y su intermediación en el mercado de la vivienda se ha acreditado "bastante insuficiente e incluso ineficiente".
Catalá ha explicado que el Gobierno está llevando a cabo una disolución ordenada de la entidad y que está negociando con los sindicatos y los trabajadores un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y planteando una disolución sobre la sucesión de los contratos que venía manteniendo.
De hecho, ha indicado que el objetivo es que haya una subrogación, bien con el Ayuntamiento de Madrid o con las CCAA, de forma que se garanticen las compromisos adquiridos con los propietarios e inquilinos, que van a continuar estando atendidos "dentro del contexto de la administración pública adecuada para llevarlo a cabo" ya que la administración central debe dedicarse "a otras cosas".
Sobre las ayudas contenidas en los planes vigentes de vivienda, Catalá ha asegurado que todos aquellos que las tienen reconocidas las van a seguir manteniendo, como la ayuda a la emancipación, ya que lo que se ha hecho es finalizar el reconocimiento de nuevos derechos.
Asimismo, ha reconocido que se debe hacer "algún análisis crítico", no tanto del funcionamiento, como de política de vivienda por el gasto que ha supuesto alguna de esas ayudas.
"Nos hemos encontrado con que algunas de estas actuaciones que pueden tener mucho sentido, se han ido muy por encima de la dotación presupuestaria y han generado un gasto por encima de las previsiones", ha afirmado Catalá.
Como ejemplo ha citado la ayuda a los inquilinos, a tenor de que se han dado 68.199 subvenciones, un 23 % más del presupuesto que se tenía dotado, o los convenios con Comunidades Autónomas, ya que algunos tienen un porcentaje de ejecución de más del 120 %, lo que acarrea problemas de control del gasto público.
Catalá también ha señalado que se presentará en breve ante la Cámara el proyecto de ley de rehabilitación y política de suelo, para lo que Fomento mantiene ya reuniones con expertos y agentes sociales. EFECOM
Fuente: Diario Expansión
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