domingo, 25 de marzo de 2012

El Gobierno fijará el sueldo de los alcaldes en los Presupuestos


El contenido del anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y el Código de Buen Gobierno fue adelantado este jueves por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si bien ha sido su vicepresidenta, quien ha desgranado este viernes, tras el Consejo de Ministros, las líneas clave de esta norma. Para comenzar, ha alentado el "leit motiv" fundamental con el que ha nacido este proyecto, que pasará una fase de audiencia pública de quince días antes de retornar "remozada" por la población a Moncloa. Sáenz de Santamaría ha subrayado que se trata de una ley, al estilo de otros países europeos, que busca "laminar los compartimentos estancos" que aún existan en la Administración, "dar mayor competitividad institucional" y, sobre todo, dar un aldabonazo definitivo a "la credibilidad y confianza que los ciudadanos" tienen respecto a quienes les dirigen. Con todo ello y a la postre, reforzar la idea de que "España cumple y cumplirá" con los compromisos fijados, como el del déficit por parte de sus entidades locales, autonómicas y centrales. 

Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado cómo a partir del próximo lunes los ciudadanos pueden realizar sus aportaciones a través de la web del Ministerio de Presidencia para mejorar el procedimiento de consulta y de cómo se ofrece a la población todo el abanico de datos que van a ser públicos a partir de ahora: las retribuciones de todos los cargos de las instituciones y sus directivos, la concesión de subvenciones, a quién se contrata, en qué partidas se gasta el dinero público, además de que se va a conocer la compatibilidad del cargo con actividades privadasy su respectivo desglose, etcétera.

El código de infracciones

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JAIME GARCÍA
La portavoz del Gobierno responde a decenas de preguntas
El Ejecutivo tiene el compromiso claro de que todos y cada uno de los gestores públicos (y en particular, los altos cargos) respondan de manera personal por su conducta, si ésta no es conforme a la Ley de Transparencia, de manera que sancionará todos los incumplimientos de la Ley de Estabilidad.De este modo y por poner un ejemplo, aquel cargo que incumpla esta norma,falsee u oculte datos públicos referentes a la contabilidad de su Administración, será inhabilitado por diez años, a la vez que tendrá que pagar una multa. "Si la pena de multa no se cumple, se convierte en pena de prisión", según recoge la ley. Como regla general y dentro de la tipificación de infracciones como "muy graves y algunas graves" por el anteproyecto de ley, las malas conductas podrán conllevar la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años. 

La responsabilidad administrativa y penal de los cargos públicos puede derivarse de una serie de conductas castigadas en esta normativa, comoconceder subvenciones sin tener fondos, o comprometer ciertas partidas de gasto sin que la entidad pública ostente los créditos necesarios para encarararlos.
La otra novedad que estriba en este norma es que habilita a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que establezca, además, un baremo público sobre las retribuciones de los gestores locales. De este modo, ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, se fija por primera vez en el país lo que deben percibir dichos cargos municipales y no podrán hacerlo "motu proprio". La ley de los PGE recogerá cuánto debe percibir ese cargo público de acuerdo al tamaño de la entidad local que rija, entre otros factores como las circunstancias económicas y administrativas del municipio y las características del mismo, ha afirmado la también ministra de la Presidencia. 
Esta norma prevé un "código de buen gobierno con rango legal" que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones porque se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones. Así de tajante ha sintetizado el "cambio" legal Sáenz de Santamaría, que ha incidido en que "la retórica se convierte en obligación".

Fuente: Diario ABC
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