miércoles, 28 de diciembre de 2011

Parece que desaparecerá la ayuda al alquiler de vivienda para los jóvenes

Los recortes presupuestarios amenazan una de las medidas más simbólicas del Ejecutivo socialista: la Renta Básica Emancipación (RBE). El Consejo de Ministros del próximo viernes deberá decidir si prorroga las ayudas de 210 euros mensuales para los jóvenes, de entre los 22 y los 30, que viven en régimen de alquiler. La posición del nuevo Gobierno quedó tenuemente esbozada hace un par de semanas en el perfil de Twitter de Mariano Rajoy. «La RBE, le puso fecha de caducidad el Gob.socialista. A nosotros nos toca gestionar su herencia». Estas declaraciones, unidas al hecho de que no se conocen movimientos en los últimos días para actualizar la normativa, apuntan a que la RBE tiene los días contados.
En parte, el real decreto que regula esta subvención establecía, como asegura el presidente del Ejecutivo, una fecha límite. La ley señalaba que en el «plazo de cuatro años» —que pronto se cumplirá, puesto que entró en vigor en enero de 2008— el Ministerio de Fomento debía remitir al Consejo de Ministros un «informe de seguimiento» para que este determinara «su mantenimiento, modificación o derogación».
El Gobierno liquidará la ayuda al alquiler para jóvenes
El procedimiento de renovación se encuentra en punto muerto, aparentemente. El único paso que se ha dado en este sentido es la elaboración de un informe sobre el funcionamiento de la RBE que facilitó el equipo de José Blanco a la nueva administración durante el traspaso de poderes, según el departamento del ex ministro. Ni siquiera el entonces candidato a la presidencia por parte del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó clara su postura durante la pasada campaña electoral.
En todo caso, ¿qué significaría la supresión de estas subvenciones? El Gobierno aprobó en junio una inyección de 46 millones de euros para asegurar el pago de las mensualidades para el ejercicio 2011. Esta cuantía se suma a los 364 millones presupuestados al comienzo del ejercicio. Previsiblemente, los arrendatarios con las ayudas reconocidas tienen garantizado el cobro hasta que dejen de cumplir con los requisitos (con un máximo de cuatro años). Lo que está en el aire es qué ocurrirá con los que todavía no han recibido la aprobación por parte de la oficina de vivienda autonómica correspondiente.
Lo cierto es que, durante su primeros meses de vigencia, la medida —siguiendo la estela de otras polémicas promesas de Rodríguez Zapatero como la deducción de los 400 euros en el IRPF o el «cheque bebé»— suscitó un aluvión de críticas por parte de las comunidades autónomas y los propios beneficiarios. No obstante, las demoras e irregularidades en los pagos protagonizaron buena parte de las denuncias tramitadas por el Defensor del Pueblo. Hasta el pasado mes de junio, las quejas por este concepto y las actuaciones de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) suponían más de 1.200 reclamaciones .
Además, los resultados, finalmente, se han situado por debajo de las expectativas. La entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, artífice de la renta básica, estimó que 360.000 jóvenes disfrutarían de la RBE solo durante 2008. Cuatro años después el escenario es más modesto: según Fomento, más de 301.254 hogares han recibido estas ayudas, una cifra que no refleja el número concreto de perceptores, puesto que un mismo joven puede haber cobrado la RBE en más de una ocasión, debido a, por ejemplo, el cambio de domicilio.

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