jueves, 15 de diciembre de 2011

La CEOE pide que se pueda despedir a los funcionarios

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que el sector público está sobredimensionado porque parte de los funcionarios y empleados públicos «no cumple o no tiene trabajo», a lo que ha añadido que, dadas las necesidades de control del déficit, la Administración necesita equipararse en la medida de lo posible al sector público y poder despedir al personal sobrante. «En el campo público nos tenemos que acostumbrar a que no haya tantas diferencias con el sector privado», ha asegurado Rosell, para añadir a renglón seguido que en el mundo de la empresa «el despido es la última solución», pero que «cuando no tienes más remedio, no tienes más remedio»
Ha explicado que en los últimos 33 años, desde 1978, se han transferido 821.357 empleados desde el Estado a las comunidades autónomas de la mano de las competencias asumidas, pero que actualmente estas administraciones cuentan con 1.744.000 trabajadores. Así pues, habría unos 900.000 puestos creados directamente en las administraciones autonómicas, de los que una parte, que tampoco ha concretado,estarían justificados por el aumento durante estos años de la población, y con ella de los servicios a prestar en estos territorios, y otra que habría que suprimir
Ha criticado que el empleo público se ha multiplicado por dos en 30 años frente al crecimiento del 50% en el sector privado, a lo que ha añadido que «es cierto» que el empleo se ha reducido en el Estado por la transferencia de competencias, pero menos de lo necesario. Asimismo, entre los datos aportados por la patronal, se señala que entre 2002 y 2009 los salarios han crecido un 5,6% en el sector público, el doble que en el privado (2,8%), aunque la ecuación se ha invertido a partir de 2010. Por otro lado, Rosell ha asegurado que la «consolidación fiscal es clave e imprescindible» para España, y, por ello, ha planteado incluso que se puedan exigir «responsabilidades personales» para los administradores públicos, además de ver cómo se puede gestionar mejor el «grandísimo gasto» existente en sanidad, educación y servicios sociales.




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